El Golpe de Estado Cuatroteísta
En teoría, un gobierno elegido democráticamente no debería recurrir a un golpe de estado para perpetuarse en el poder, ya que esto iría en contra de los principios democráticos de elecciones libres y justas. Un golpe de estado implica la toma del poder por la fuerza y sin el consentimiento del pueblo, lo que contradice la esencia de la democracia.
Sin embargo, en la práctica, algunos líderes han recurrido a esta táctica para mantenerse en el poder, argumentando que lo hacen en interés del país o para proteger la democracia. Estos líderes a menudo justifican el golpe de estado como una respuesta a una crisis o una amenaza a la estabilidad del país, como la corrupción o la violencia.
Es importante destacar que, aunque un gobierno elegido democráticamente pueda argumentar que un golpe de estado es necesario para mantener la estabilidad del país, esta acción es considerada ilegal y antidemocrática por la comunidad internacional y puede tener graves consecuencias, como la suspensión de la ayuda económica internacional y la imposición de sanciones.
Un gobierno elegido democráticamente debe respetar los principios democráticos y el estado de derecho y no recurrir a un golpe de estado para mantenerse en el poder.
Hoy México está siendo víctima de un «golpe de Estado» perpetrado por el presidente de la República, López Obrador, y sus aliados en el Congreso de la Unión. No hay manera de llamarlo de otra forma, dado que el llamado «Plan B» diseñado por el Ejecutivo y avalado por el Legislativo es una clara violación de la Constitución y una obstrucción deliberada de la democracia en México.
El «Plan B» no es más que un sabotaje legal para arrebatar a los ciudadanos sus derechos y libertades fundamentales, como el sufragio efectivo y la no reelección. Su objetivo es claro: perpetuar en el poder al grupo dominante –la dictadura «lopista»– utilizando métodos ilegales y destructivos.
El presidente y sus aliados han sido capaces de sabotear una elección, a un gobierno completo, y ahora parecen empeñados en sabotear al país entero; sabotear los derechos y las libertades fundamentales de 130 millones de mexicanos.
En política, el sabotaje es una de las prácticas más recurrentes para dañar y destruir al adversario, y para obtener un beneficio utilizando métodos ilegales. La democracia mexicana está en grave peligro, y nadie sabe en qué terminará la ley electoral de López y cuál será el futuro de los derechos civiles de los ciudadanos.
El presidente y sus aliados están debilitando al propio gobierno federal y a los potenciales aspirantes presidenciales de Morena. El «Plan B» no solo es un «golpe de Estado» y «un sabotaje» a la Constitución y a las leyes electorales, sino que también es una cancelación del sufragio efectivo y la no reelección.
El daño mayor que provocará el «golpe de Estado» y «el sabotaje» al INE y a la Constitución será contra la legitimidad de los precandidatos y candidatos de Morena a la presidencia en las próximas elecciones. Si el presidente continúa por este camino, su partido podría quedar en una posición muy delicada ante la ciudadanía.
Es tiempo de que la Suprema Corte cumpla con su encomienda constitucional y decida invalidar el «Plan B» de López. La democracia mexicana y los derechos civiles de los ciudadanos están en juego. Los ciudadanos merecen saber la verdad y tener la libertad de elegir a sus representantes en un ambiente de legalidad y transparencia.
