- La justicia socioambiental de la península de Yucatán pende de un hilo; el Poder Judicial deberá decidir entre la selva y el cemento.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. — Un paquete de peritajes científicos ha encendido todas las alertas: el proyecto insignia del gobierno federal, el
Tren Maya, podría detonar una devastación ecológica sin precedentes en la península de Yucatán. Los dictámenes, presentados en un juicio de amparo impulsado por comunidades indígenas, organizaciones civiles y ciudadanos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, revelan que los impactos ambientales
acumulativos y sinérgicos del megaproyecto serían severos, sostenidos y, en gran medida,
irreversibles.
Entre las conclusiones más alarmantes se anticipa, para el año 2050:
- La pérdida del 20% de la cobertura natural, es decir, más de dos millones de hectáreas, un territorio mayor que 13 veces la Ciudad de México.
- La fragmentación de ecosistemas clave, como Calakmul y Sian Ka’an, poniendo en riesgo su función como corredores biológicos.
- Una disminución significativa de servicios ecosistémicos vitales: menos polinizadores, más plagas, menor captura de carbono, y una amenaza directa a la supervivencia de especies emblemáticas como el jaguar, el tapir y el pecarí.
- El avance de la frontera agrícola y ganadera a costa del bosque tropical: más de dos millones de hectáreas nuevas para uso agropecuario y urbano.
- El colapso progresivo de la conectividad ecológica en una región ya frágil, lo que comprometería de manera estructural la resiliencia climática del sureste mexicano.
Los peritajes también evidencian una falla estructural en la evaluación del proyecto: en lugar de realizarse una
Evaluación de Impacto Ambiental integral —como exige la ley—,
el Tren Maya fue fraccionado en tramos y componentes, ocultando los efectos acumulativos de la obra en su conjunto. A esta omisión técnica se suma la improvisación: pasos de fauna mal ubicados, sin estrategia de restauración ambiental y sin claridad sobre el destino final de materiales y residuos.
Frente a esta avalancha de datos científicos, el comportamiento de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha generado indignación. En lugar de resolver,
ha solicitado prórrogas sin fundamento, prolongando el juicio y dejando correr el tiempo en beneficio del proyecto y en perjuicio del medio ambiente. Se teme que esta táctica dilatoria busque extender el proceso más allá del actual periodo electoral y aprovechar una posible reconfiguración del Poder Judicial.
La audiencia constitucional ha sido agendada para el
cuatro de junio de 2025, y se perfila como un parteaguas: si el Poder Judicial otorga el amparo, podría ordenarse la suspensión definitiva del Tren Maya; si lo niega, abriría la puerta a la legalización de la destrucción ecológica masiva bajo el amparo del progreso.
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Este juicio no sólo definirá el futuro de la selva maya —advierten los promoventes—, sino también el papel histórico del Poder Judicial frente a megaproyectos impulsados desde el poder sin escuchar a la sociedad ni respetar los derechos colectivos”.
Las organizaciones firmantes —entre ellas CartoCrítica, el CRIPX, SOS Cenotes, Kanan Derechos Humanos y Terravida— han hecho un llamado urgente a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes. El Tren Maya, afirman, es mucho más que un tren: es la línea divisoria entre el respeto a la vida y la imposición del concreto.
